Las organizaciones ambientales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales (Boletín 16.566) actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado. Este proyecto, promovido por los Ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, es parte de un esfuerzo mayor de desregulación en materia ambiental que contempla distintos ámbitos críticos, priorizando las ganancias de las grandes empresas en contra de los derechos de las personas, los bienes públicos y el patrimonio del país.
La regresión ambiental y el desmantelamiento de la institucionalidad a través de la flexibilización de permisos sectoriales en pos de una supuesta reducción de la burocracia es un fenómeno creciente en varios países del mundo que tiene diversas expresiones. En EEUU y bajo la actual administración del presidente Trump por ejemplo, se impulsa eliminar y revertir decenas de normas ambientales, en lo que se perfila como la desregulación de mayor impacto de su historia. Como parte de estos procesos de deterioro institucional, se reducen además requisitos para los estudios de impacto ambiental y las instancias de monitoreo y fiscalización. Bolsonaro ya lo hizo en Brasil, facilitando la deforestación de la Amazonía y la minería ilegal. Actualmente, lo está implementando también Javier Milei en Argentina.
En Chile, a través del llamado “Pacto Fiscal” – un acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Boric con el poder económico y gremios empresariales , tras el fracaso de la reforma tributaria- los Ministros Marcel y Grau han comprometido un paquete de medidas compuesto por el proyecto de ley de permisos sectoriales, la reforma a la institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan promover la inversión pasando sobre los estándares normativos de protección ambiental y social, que se habían venido construyendo mediante acuerdos, durante los últimos 20 años.
Esta “motosierra” que representa una total regresión ambiental para Chile y fue acordada sin la participación de sindicatos, la sociedad civil ni tampoco expertos en materia ambiental. Dentro de sus impactos más evidentes, se encuentran el retroceso en normas del Código de Aguas o el Código Sanitario y severas reformas a las normas de administración del Estado que literalmente expropia a los Ministerios las atribuciones de resguardo de la salud de la población y el patrimonio ambiental, dejándolas en manos de una suprainstitucionalidad, la “Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión” que controlará las políticas públicas y la autonomía de los Ministerios sectoriales.
Así, este proyecto eliminará procedimientos administrativos sin la necesidad de pronunciamientos de la autoridad, además de reducir funciones de los organismos del Estado para el resguardo de derechos, bienes jurídicos y garantías de funciones públicas. Resultan altamente riesgosos y regresivos aspectos como las llamadas técnicas habilitantes alternativas a la autorización, esto es, la ejecución de una actividad sin exigir la dictación de un acto administrativo favorable previo.
En un Estado que ya es débil para fiscalizar las actividades económicas, este proyecto, en vez de reforzarlas, genera desregulación en favor de los dueños de dichos proyectos. Desde la sociedad civil hacemos llamado al Presidente Boric y a los Ministerios de Hacienda y Economía a quitarle urgencia legislativa y generar un espacio de diálogo, así como a los senadores y senadoras a rechazar el proyecto de permisos sectoriales.
También hacemos un llamado a dialogar y alcanzar acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil, quienes hemos sido excluidos de este proceso. Este proyecto de ley, camuflado para ayudar a las pymes no es tal, y tendrá consecuencias impensadas para el futuro de este país y por ende, su subdesarrollo. No es posible que se siga privilegiando las ganancias de las grandes empresas, por sobre los territorios, comunidades, ecosistemas y derechos humanos.