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Incidencia frente a iniciativas legislativas y constitucionales: La minuta advierte sobre la urgencia de monitorear proyectos de ley que podrían debilitar normas de protección ambiental, como la modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Art. 19 bis) o las propuestas para acotar la participación ciudadana en evaluaciones ambientales. Se plantea la necesidad de articular respuestas técnicas y políticas frente a estos retrocesos, y se propone la elaboración de minutas conjuntas con organizaciones aliadas.
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Resistencia territorial y demandas de comunidades: Se reportan situaciones críticas en territorios como el Salar de Tara, Alconcha y la comunidad de Ollagüe, donde se enfrentan amenazas de proyectos de hidrógeno verde, minería y vulneración de derechos indígenas. La minuta recomienda visibilizar estos casos mediante boletines y campañas comunicacionales, al mismo tiempo que se avanza en el fortalecimiento de vocerías comunitarias con apoyo legal y técnico.
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Captura del discurso de la transición energética justa: Uno de los puntos más relevantes es la advertencia sobre cómo actores corporativos están utilizando el lenguaje de la “transición justa” para promover agendas extractivistas. Se propone una estrategia para reposicionar los discursos territoriales mediante la generación de contenidos, participación en espacios académicos y producción de evidencia desde una perspectiva crítica, situada y comunitaria.